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La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, aprobó la Ley del Código Penal Militar.
Este nuevo documento se presenta como una normativa moderna, adaptada a la realidad cubana y en concordancia con la Constitución de la República y las leyes internacionales.
La ley presuntamente promueve la protección de derechos y garantías
El Presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferrio, destacó que este nuevo código tiene como objetivo principal proteger los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República en el ámbito del servicio militar.
Además, busca fortalecer el cumplimiento de la disciplina militar y salvaguardar el orden político, económico y social del país, así como los fundamentos de la defensa, la seguridad nacional y el orden interior.
Un proceso de elaboración participativo
Para la elaboración de este texto, presuntamente se formó un Grupo Temporal de Trabajo en el que participaron diversas instituciones, como el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Militar, los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Justicia, así como la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Rubén Remigio supuestamente informó que se llevó a cabo un amplio proceso de consultas con diferentes organismos, universidades y la población en general.
Además, se realizaron varios encuentros con los diputados, a partir de los cuales se realizaron modificaciones que permitieron corregir 39 de los artículos del proyecto original. La versión presentada a la Asamblea Nacional es fruto de un intenso ejercicio de construcción colectiva.
Novedad y claridad en el nuevo código
El nuevo código penal militar presuntamente trae consigo una serie de novedades. Se suprimen, reforman o despenalizan varios delitos, se definen con mayor claridad aquellos que pueden cometerse en situaciones excepcionales o de desastres.
Además, se establece un sistema de sanciones principales, accesorias, autónomas y mixtas. También se reduce la cantidad de delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte, y se introduce la privación perpetua de libertad como alternativa.
Asimismo, se fortalece el papel del jefe militar para aplicar el reglamento disciplinario ante acciones delictivas, y se establece un tratamiento penal diferenciado para las personas mayores de 16 años y menores de 18.
Culmina el proceso de ordenamiento jurídico penal
Con la aprobación de esta Ley del Código Penal Militar, se concluye el proceso de ordenamiento del sistema jurídico penal cubano, según afirmó Rubén Remigio Ferro.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, al presentar el proyecto de dictamen sobre esta ley, resaltó que su aprobación fortalece la disciplina militar y el principio del mando único, aspectos fundamentales en el desempeño de la misión de proteger y mantener la independencia y soberanía del Estado, su integridad territorial, seguridad y paz.
Esta nueva disposición normativa actualiza el catálogo de delitos en el ámbito militar, armonizándolo con legislaciones previamente aprobadas, como el Código Penal, la Ley de Ejecución de Sentencias Penales y la Ley de Proceso Penal Militar.
Es fundamental que cualquier normativa que se apruebe en un país respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos.
La comunidad internacional deberá continuar vigilando la implementación y el respeto de esta nueva Ley del Código Penal Militar en Cuba, asegurando que se cumpla con los principios de justicia y equidad.
En el debate que siguió a las presentaciones, el diputado Joel Ortega Dopico enfatizó que el hecho de que Cuba, un país que ha sido bloqueado y agredido, no haya aplicado la pena de muerte en más de 20 años, habla mucho de los esfuerzos que la Revolución realiza para preservar la paz, el orden y la tranquilidad ciudadana.
Yamila González Ferrer y Miguel Enrique Charbonnet Martell coincidieron en resaltar el valioso aporte realizado por los diputados, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y representantes de otras instituciones en la construcción de la norma.
Este proceso permitió aclarar muchas inquietudes y preocupaciones existentes, logrando consensuar el texto presentado.
El trabajo conjunto de diferentes actores y la inclusión de diversas perspectivas en la elaboración de una ley son pasos fundamentales para garantizar que esta se ajuste a los principios de justicia y sea inclusiva en términos de los derechos y garantías de los ciudadanos.
